Mi nombre es Iosu Ordoñez Fernández y aunque soy quien suscribe la carta, el resto de compañeros que comparten módulo conmigo, Ibon Muñoa, Iñaki Fz de Larrinoa, Karmelo Lauzirika, Fernando Elejalde Tapia, Antxon Lopez Ruiz, Joseba Lerin Sanchez, Xabier Zabalo Beitia, RufinoArriaga Arruabarrena, Arkaitz Saez Arrieta e Isidro Garalde, hacen suyo el contenido de la misma.
Os escribo desde la prisión de Puerto 1, lugar donde cumplimos condena. El motivo de dirigirnos a vosotros, es poner en vuestro conocimiento nuestra situación penal, que abarca a todo el colectivo de pres@s polític@s vasc@s. Para no extendernos en la cuestión, os expongo cuatro puntos principales en los cuales se vulnera nuestro derecho penal:
Llevamos dispersados por las diversas cárceles del estado más de 23 años. De esta situación quienes más se sienten perjudicados son nuestros familiares, que deben de realizar miles de kilometros para visitarnos. Esta situación conlleva el riesgo de padecer accidentes y de un desembolso económico enorme. Es, en definitiva, un castigo encubierto a nuestros familiares.
La ley penal española ampara en su articulación a l@s pres@s que tengan enfermedades graves incurables. Pero esa parte de la legislación no se aplica en el caso de l@s pres@s polític@s vasc@s, teniendo en nuestro colectivo compañeros y compañeras gravemente enfermas, algunos incluso con cáncer y son obligados a seguir en prisión
Hay compañer@s que habiendo cumplido ya la condena deben permanecer en prisión en aplicación de la denominada “doctrina Parot”. La característica de esa doctrina se basa en igualar los beneficios penitenciarios que se han ido logrando por medio de autos judiciales a lo largo del cumplimiento de la condena , e impone un mínimo de 30 años de cumplimiento. Aplicando de esta manera en código penal del 96 sin respetar el derecho que nos acoge a optar por el antiguo código y su cualidad de derecho a los beneficios penitenciarios. Se incumple de esta manera uno de los preceptos del derecho positivo universal, el de la irretroactividad.
Tenemos compañeros y compañeras que llevan años y años en módulos de aislamiento, sufriendo la dureza de unos regímenes que dejan secuelas físicas y psíquicas. La aplicación de estos regímenes no obedece a una respuesta sobre un comportamiento agresivo o antisocial. A nuestros compañeros y compañeras se les aplica el aislamiento por formar parte de un colectivo concreto. Esta manera de actuar del estado desvela su naturaleza vengativa hacia la parte más vulnerable del conflicto, l@s pres@s, convirtiéndonos en rehenes de sus necesidades políticas. Unas necesidades que decantan por obstruir todos los movimientos que nos puedan llevar a la solución del conflicto y a una paz justa.
Ante el nuevo tiempo que se está abriendo paso en Euskal Herria, el estado debería asumir sus responsabilidades comenzando por desactivar esta legislación de excepción. Al igual que han hecho otros agentes del conflicto, debería dar pasos en la dirección que le demanda la mayoría de la sociedad vasca y diversos agentes internacionales.
Os agradezco de antemano vuestra atención a nuestros problemas, no dudamos que realizaréis una interpretación correcta y justa de nuestras denuncias y, en la parte que os corresponde, actuar en consecuencia.
Sin más nos despedimos con un caluroso saludo.
Iosu Ordoñez Fernández.
En Puerto 1, a 8 de enero de 2012
